EL DESAHUCIO DE LOS “ANTI DESAHUCIOS”

En los últimos años se están usando, con desenfadada tranquilidad palabras y conceptos como hipotecas, desahucios, daciones en pago, expropiaciones que están produciendo indeseadas y desafortunadas afecciones sobre las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Esta afirmación no es nueva, dado que también desde hace algún tiempo otras palabras que pesan sobre nuestras espaldas como multas, embargos, paro, crisis, prejubilaciones nos han acostumbrado a convivir con una especie de “espada de Damocles”. Así pues, ha caído sobre nosotros, como una losa, una cantidad ingente de amenazas de las que difícilmente sabemos defendernos y sobre las que disponemos de prácticamente nula ayuda externa, sobre todo de los poderes públicos, para saber afrontarlas.

Centrándonos en los primeros conceptos y referidos a la vivienda, podemos afirmar que todos los problemas que están apareciendo actualmente en este campo son sobrevenidos para la inmensa mayoría de los españoles y no tenemos responsabilidad alguna sobre su génesis y posible solución.

Conviene que, inicialmente, hagamos un poco de historia para fijar conceptos y entender la afirmación anterior, para con posterioridad situarnos en el momento actual, entenderlo y comentarlo.

En la época preindustrial la vivienda iba íntimamente ligada a la tierra. En el campo y zonas rurales se vivía en casas ligadas al trabajo agrícola y eran propiedad de los propietarios de la tierra que vivían en las ciudades. La vivienda se pagaba como una parte del trabajo o mediante un alquiler. En las ciudades unos pocos propietarios de viviendas las alquilaban al resto de los ciudadanos que eran menos de los que estaban en el campo. Era una población eminentemente rural. El mercado de la vivienda no tenía una presencia significativa en la masa monetaria y por lo tanto no era un factor que pudiera influir en aquella economía eminentemente agrícola.

La revolución industrial trajo consigo unos cambios no solo en los medios de producción, sino también en los modos y maneras de acceder a la vivienda, tanto de los que disponían de excedentes económicos para acceder a su propiedad, como de los que las necesitaban cuando se desplazaban a las zonas industriales y a las ciudades para atender la demanda de mano de obra. El acceso a la vivienda se hacía en la mayoría de los casos mediante alquiler. Comenzaron a aparecer entidades financieras que atendían un incipiente mercado inmobiliario marginal complementario del industrial que era el que crecía con rapidez.

En nuestro país el drama de la Guerra Civil paró en seco aquel incipiente crecimiento. En Europa las guerras de la primera mitad del siglo XX produjeron un efecto similar. Hasta los años cincuenta y sesenta gracias a las ayudas de EEUU a Europa y posteriormente a nuestro país no se pudieron comenzar a alcanzar niveles de desarrollo que permitieran el nacimiento de un mercado inmobiliario. La ley hipotecaria, que continúa vigente, apareció en 1946 derogando la antigua de 1909 y permitió reglar ese mercado

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El crecimiento de nuestro país, evidentemente, va acompañado de un incremento del acceso a la vivienda propiciado por las facilidades de unas hipotecas con intereses acordes con la inflación y años de amortización no muy por encima de los diez años El mercado era estable, el dinero para la vivienda fluía con facilidad y los deudores respondían. Había desahucios pero ni los poderes públicos ni la sociedad los tenían en consideración, el culpable de ellos era el prestatario que había acometido algo para lo que no tenía capacidad, y por ello era desahuciado.

Posteriormente, la Constitución Española de 1978 fija: “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Por primera vez se reconocía ese derecho en nuestro ordenamiento jurídico. Desde entonces poco o nada se ha hecho para que para algunos se pueda materializar ese derecho y lo que es más importante no lo pierdan por unos condicionados abusivos.

En la España democrática e integrada en Europa que se va desarrollando, los capitales tanto nacionales como extranjeros comienzan a invertir en todos los sectores: industrial, turístico, inmobiliario, etc. Comienza el “boom y la burbuja inmobiliaria”, se comienza a hablar de segunda vivienda. Para facilitar el pago de las hipotecas dado el alto coste que van alcanzando las viviendas se amplía el plazo de amortización en algunos casos hasta más de treinta años. Los poderes públicos, las autoridades monetarias y el gran público permanecen de espaldas a los desahucios que evidentemente, en aquellos años, se producen. Era un problema individual y sin incidencia social significativa.

Durante los primeros años del siglo XXI comienza la crisis económica con unos efectos devastadores en nuestro país desde el año 2008. Los sectores de la construcción y financieros son los más afectados, el empleo cae y el paro sube, y esa clase media usuaria del mercado inmobiliario boyante es la primera en sufrir los efectos, los desahucios se disparan porque muchos españoles no tienen ingresos suficientes para pagar sus hipotecas. Se va creando un gran problema social. Cae el mercado inmobiliario, se desinfla la “burbuja inmobiliaria”. Crece el paro y la dificultad para cumplir las deudas hipotecarias.

En el marco de la crisis económica nacen los movimientos sociales, y entre ellos en 2009 la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que se crea “ante la constatación de que el marco legal actual está diseñado para garantizar que los bancos cobren las deudas, mientras que deja desprotegidas a las personas hipotecadas que por motivos como el paro o la subida de las cuotas no pueden hacer frente a las letras”. Ha nacido el primer “anti desahucio”, una parte de la sociedad es sensible al problema.

Los poderes públicos están completamente de espaldas al problema que se va creando. No saben nada. Por no saber, no saben ni cuantificar la cantidad de personas afectadas por los desahucios. Algún juez no ve claro la adecuación de nuestra legislación hipotecaria a la normativa europea y consulta al tribunal europeo. No hay iniciativas legislativas. Ni el legislativo, ni el ejecutivo, ni el judicial hacen nada en sucesivas legislaturas y gobiernos. Las entidades financieras tienen la posibilidad de, voluntariamente, llegar a acuerdos con los afectados, solución que apenas tiene efecto. Algunos sucesivos suicidios de personas afectadas alertan a los poderes públicos sobre la importancia y gravedad del problema.

En el contexto anterior, la PAH consigue reunir más de millón y medio de firmas para que se tramite una iniciativa popular legislativa contra los desahucios. Nos encontramos con el segundo frente “anti desahucio”. El tercer frente “anti desahucio” se produce con el fallo del Tribunal europeo que señala que algunos aspectos de nuestra legislación hipotecaria resultan abusivos y que es necesario modificar nuestra obsoleta Ley Hipotecaria.

Otro frente “anti desahucio” se produce con las manifestaciones de la PAH tanto en las cercanías del edificio de las Cortes Generales, como en las cercanías de los domicilios de diversos diputados. Su objetivo es presionar y concienciar para que su iniciativa legislativa tenga la consideración deseada en la tramitación parlamentaria.

El pasado 12 de Abril la Junta de Andalucía ha publicado un Decreto-Ley sobre la función social de la vivienda que mediante una serie de medidas, limitadas en el tiempo, pretende solucionar los casos más perentorios que pudieran presentarse en esta Comunidad Autónoma. Estamos ante otra actuación “anti desahucio”.

También el pasado día 12, el Colegio de Registradores de España ha publicado el Panorama Registral de Impagos Hipotecarios de Vivienda donde, por primera vez, se cuantifican de una manera bastante aproximada las ejecuciones judiciales en viviendas. Una nueva herramienta para poder evaluar el alcance de los desahucios está disponible. No se podrán realizar afirmaciones caprichosas minusvalorando este problema social. Otro frente “anti desahucio” para poder resolver este problema de carácter humano y social.

Frente a todas estas actuaciones y frentes “anti desahucio” ¿cuál ha sido la respuesta de los poderes públicos? Pues sencillamente el “desahucio” de todas ellas. Frente a la iniciativa legislativa una propuesta de ley que no tendrá en consideración ningún aspecto de aquella. Frente a la propuesta de la dación en pago se indica que, de tomar en consideración esta aspecto, no habrá crédito para viviendas, y que el mercado inmobiliario se hundiría.

Frente a las manifestaciones, amenazas y multas. Algunos voceros tanto oficiales como cercanos al poder tratan de relacionarlas con los grupos etarras. La presencia de los sindicatos en algunos actos da lugar a tachar de oportunistas a unos y otros. Como gran pecado de la APH, se dice que “el tema se ha politizado”.

La iniciativa de la Junta de Andalucía es amenazada con un recurso de inconstitucionalidad. Se magnifica y demoniza el aspecto de expropiación temporal de uso que aparece en esta iniciativa. Se dice que “se están matando moscas a cañonazos”, dado que atiende a muy pocas personas. Entonces ¿se afecta o no al mercado inmobiliario?

En definitiva, se ha ido poniendo en marcha una amplia estrategia, para impedir que se resuelvan los problemas humanos y sociales de los desahucios, atendiendo a las exigencias de un sector, el mercado financiero, al que, todos, tenemos que agradecer lo justo, dado que, hemos pagado o pagamos, nuestras viviendas con grandes sacrificios, y haciendo frente a las consecuencias que la crisis realiza sobre nuestras economías domésticas.

Así pues, debemos impedir que se produzca el desahucio de los “anti desahucios”, de las medidas “anti desahucio” que desde diversos sectores se están tratando de llevar adelante, en caso contrario, quedará sobre nuestras conciencias el problema humano y social que, como consecuencia de la crisis, se ha sobrevenido sobre los sectores más débiles de nuestra sociedad.

Salvador Gracia Navarro

13 Abril 2013